subadministrador de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo,
Diego Rivero y Hugo Vera respectivamente, encuentro del que participaron
también representantes del Sindicato de Empleados de Vivienda de La Rioja
(SEVILAR) para analizar el proyecto de Ley Nacional de Viviendas. El gremio
realizó a principios de este mes una presentación ante la Secretaría de
Viviendas de la Nación rechazando el proyecto nacional de acceso a la
vivienda.*
La reunión con el diputado nacional Danilo Flores tuvo por objetivo
analizar el proyecto de Ley Nacional de Viviendas, en el cual vienen
trabajando las Administraciones e Institutos Provinciales de Vivienda con
la Secretaría de Vivienda de Nación, y que días pasados se reunieron en la
provincia de Tucumán.
En este sentido, el legislador nacional riojano, luego de escuchar a los
representantes de la provincia de La Rioja en dicho plenario, coincidió
sobre algunos aspectos de la nueva ley que consideraron negativos y que
irán en detrimento de los sectores más desprotegidos y de los extractos de
viviendas sociales con difícil acceso, teniendo en cuenta que deben tomar
créditos con altos costos que se hacen imposibles de pagar.
Este proyecto busca básicamente pasar de un Estado constructor de viviendas
a un Estado facilitador de créditos con los fondos que reciben las
provincias a través del Fonavi.
Dijo además desconfiar del proyecto porque la obra de construcción de
viviendas pasaría a un segundo plano, donde el manejo de los recursos para
la casa propia sería a través de la Secretaría de Vivienda de Nación y se
manejaría de manera discrecional desfavoreciendo a las provincias pequeñas
como la nuestra y no de manera más equitativa a través del Congreso.
*Comunicado del SEVILAR*
El gremio que nuclea a los empleados de la APVyU realizó la presentación
ante la Secretaría de Vivienda de la Nación el pasado 7 de febrero,
rechazando el proyecto de ley nacional de acceso a la vivienda.
En esa presentación, el sindicato afirma que “el citado proyecto de ley
deja de lado a los sectores más vulnerables, que es un tercio de la
población, el cual jamás podrá acceder a una solución habitacional, por
cuanto el Estado dejará de cumplir con su rol de Estado constructor y
promotor de la vivienda social, para convertirse en un Estado facilitador
de acceso al crédito”.
Agrega que “este modelo de gestión autoritario de política habitacional que
se pretende desplegar genera importantes incongruencias con el fin social
del Estado y afecta la gobernabilidad de los Estados provinciales y de los
Institutos de Vivienda de la República Argentina”.
“Por lo que rechazamos y negamos que el proyecto de ley nacional de acceso
a la vivienda, haya surgido de talleres de trabajo con los IPVyU y que el
mismo haya sido consensuado; todo lo contrario, se trata de un proyecto de
ley impuesto por el gobierno nacional”, indica.
Por lo tanto, expresa que “exigimos el gobierno nacional que lleve adelante
políticas sociales tendientes a dar soluciones a los sectores de menores
recursos con problemas habitacionales, en el marco de la Constitución
Nacional y de las Provincias que garantizan el acceso a una vivienda digna
y a una mejor calidad de vida de estos sectores desprotegidos”.
Finalmente, señala: “Exigimos que la nueva ley FONAVI cumpla una triple
función: 1°) desde un punto de vista macroeconómico, incentivar la
industria de la construcción que, como es bien sabido, resulta altamente
expansiva de la actividad económica generadora de empleo; 2°) que sea
encausada esa actividad hacia un determinado segmento de hogares,
cumpliendo de tal forma un rol social y facilitando el acceso a la vivienda
de sectores de recursos medios y bajos; y 3°) que garantice a los
organismos de Vivienda y a sus trabajadores de vivienda, el mantenimiento
de la fuente laboral”.