*La Procuración General de la Nación emitió hoy el dictamen en el que
fundamentó la defensa de las autonomías provinciales, al rechazar el
planteo efectuado por la Unión Cívica Radical y el PRO La Rioja ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga en el pedido de
nulidad de la Consulta Popular convocada para el próximo domingo 27 de
enero. La titular del organismo Laura Monti sostuvo en el dictamen que en
el planteo no se logró demostrar «la cuestión federal» que fundamente la
intervención del máximo organismo de justicia de la Nación.*
El organismo consideró que las normas locales relacionadas con el llamado a
la Consulta Popular para ratificar o no la ley de Enmienda, se rige por el
derecho público local, “lo cual impide la tramitación de la causa ante los
estrados de la Corte”.
Sostiene la PGN que “es mi parecer que en el presente se intenta que la
Corte intervenga en un proceso que debe estar sujeto a la jurisdicción y
competencia de los magistrados de la provincia de La Rioja”, (así, la
Constitución local prevé la acción de inconstitucionalidad, art. 139, inc.
1°)», consideró.
Fundamentó luego que “el respeto del sistema federal y de las autonomías
provinciales exige que sean los magistrados locales los que intervengan en
las causas en que se ventilen asuntos de esa naturaleza”.
La Procuración General de la Nación consideró en el dictamen que la Corte
Suprema no debería intervenir en el pedido de Cambiemos para analizar
frenar la Consulta Popular convocada por el gobierno provincial para
ratificar o no la Ley de Enmienda sancionada por la Legislatura riojana. En
el pronunciamiento, que fue elevado a la CSJ, afirmó que «el proceso
resulta ajeno al conocimiento del Tribunal».
La procuradora señaló que «el asunto a resolver se relaciona con el
procedimiento jurídico político de organización de dicho Estado provincial,
es decir, con un conjunto de actos que deben nacer, desarrollarse y tener
cumplimiento dentro del ámbito estrictamente local».
Resaltó que «las cuestiones esgrimidas deben tramitar ante la Justicia de
la provincia de La Rioja, puesto que el respeto del sistema federal y de
las autonomías provinciales exige que sean los magistrados locales los que
intervengan en las causas en que se ventilen asuntos de esa naturaleza».
Sostuvo además que no se logró demostrar «la cuestión federal». «Ello no
resulta suficiente para suscitar la competencia originaria de la Corte,
pues la solución del pleito exige el tratamiento de instituciones de
derecho público local», se afirmó.
El planteo fue efectuado la semana anterior por Héctor Enrique Olivares, en
su carácter de presidente y en representación de la Unión Cívica
Radical-Distrito La Rioja, y Marcelo Germán Weschler, como interventor y en
representación del PRO La Rioja. Solicitaron una acción de amparo contra la
Provincia de La Rioja, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de
la ley provincial 10.161 y los decretos 1484/18 y 1491/18 en los que se
dispuso la convocatoria a una consulta popular el próximo domingo 27 con el
objeto que la ciudadanía provincial mediante el voto ratifique o rechace la
Ley de Enmienda sancionada por la Cámara de Diputados, mediante la cual se
procura incorporar un texto aclaratorio del artículo 120 de la Constitución
Provincial.
