Los abogados que representan a la defensa de Milagro Sala montaron este martes guardia en el Juzgado de Control 3 a la espera de una resolución en torno a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recomendó la prisión domiciliaria para la dirigente.
Desde las 7:30 y hasta las 21:00 los defensores de Sala aguardaron novedades en la causa por parte del juez Gastón Mercau, pero finalmente se retiraron sin buenas noticias para la líder de la Tupac Amaru, detenida desde enero de 2016.
Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Milagro Sala, advirtió que «desde el viernes pasado, el gobierno nacional se encuentra incumpliendo la medida cautelar» de la CIDH para que la dirigente social reciba arresto domiciliario, puesto que tenía un plazo quince días para actuar en ese sentido.
«Los peticionarios constataron que sólo nos dieron una notificación para que dijéramos en qué domicilio podría estar ella ante una eventual prisión domiciliaria, pero que más allá de eso nadie se puso en contacto con nosotros ni con ellos. Por lo tanto, ese viernes informaron a la CIDH sobre el incumplimiento», indicó.
En declaraciones a un matutino porteño, la letrada agregó que «se buscó ganar tiempo porque iban a tomar la resolución luego de las PASO» y subrayó: «Vuelve a quedar en evidencia algo que está claro ya para la ONU y para la CIDH: que es una presa política».
«Parte de lo que adivinamos es que como Milagro es una presa política, el plazo que se iban a tomar para resolver cualquier cosa iba a estar en relación con el calendario electoral», apuntó.
El pasado 10 de agosto, el juez de Control 3 de Jujuy, Mercau, había encabezado una inspección en inmuebles de la líder de la Tupac Amaru, a fin de evaluar la viabilidad de otorgarle la prisión domiciliaria, tras la resolución de la CIDH.
En declaraciones a la prensa, resaltó que aún no había «ninguna decisión tomada» y sostuvo que también se estaban evaluando otras medidas alternativas, como «una fiscalización electrónica», por lo que resolvería una vez que tuviera reunidos «todos los informes necesarios».
Respecto a los inmuebles inspeccionados, los abogados de la Sala señalaron que la vivienda de El Carmen «no está habitable» y señalaron que en caso que se resuelva por la alternativa de la prisión domiciliaria se debería otorgar en el lugar en el que ella vivió hasta el momento de ser detenida y donde reside su marido, Raul Noro, en el barrio de Cuyaya.