Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja del Congreso, un
proyecto de Resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo
Nacional un informe detallado en relación a la decisión de suspender y dar
de baja pensiones por discapacidad en todo el país.
A solicitud de la diputada Madera y otros legisladores, la Cámara de
Diputados de la Nación elevó un proyecto de Resolución con el objeto de
solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que «por intermedio de quien
corresponda informe respecto de la Aplicación del Decreto 432/97 que trajo
como consecuencia la suspensión y baja de pensiones a personas con
discapacidad».
Al respecto, Madera expresó que «como representantes del pueblo necesitamos
conocer detalladamente cuales son los motivos por los cuales el Gobierno
Nacional tomó tamaña determinación que lejos de favorecer a los más
vulnerables, los perjudica terriblemente».
«Estamos hablando de personas que tienen este beneficio como su único
sustento, con el agravante de su condición de discapacidad», sostuvo la
legisladora y agregó que «se trata de una medida de una insensibilidad
extrema, por eso como integrantes del Parlamento exigimos información».
Asimismo Madera sostuvo que «lamentablemente tengo que decir que no me
sorprende, ya que el Gobierno del presidente Macri viene demostrando que su
visión de gestión del Estado Nacional no es inclusiva sino por el
contrario, con la excusa de un Estado eficiente excluye a quienes más lo
necesitan dejando de lado sus derechos adquiridos».
Finalmente se refirió a la posición del ministro de Defensa y referente de
Cambiemos en la Rioja Julio Martínez al señalar que «en provincias como La
Rioja, estas medidas impactan profundamente en la vida de las personas, sin
embargo aun con la presencia de un ministro riojano como Julio Martínez en
el gabinete nacional, no hace nada desde su posición privilegiada para
revertir esta situación en su provincia». «El silencio de Martínez es aun
más grave que avalar este tipo de medidas», aseguró Madera .
Entre sus puntos mas relevantes, la Resolución aprobada por Diputados
solicita información «sobre la cantidad de pensiones suspendidas y dadas de
baja, a las personas con discapacidad, en los últimos 2 años, discriminando
por jurisdicción».
Asimismo se solicita se «explique el motivo por el cual no se aplicó la ley
de procedimiento administrativo, que establece que previa a la suspensión
del beneficio, el Estado debe informar las presuntas irregularidades o
incompatibilidades y citar al interesado para que ejerza su derecho a la
defensa antes de decidir si corresponde mantener o no su suspensión».
