*Fuerza Cívica acompañó la iniciativa oficialista en Diputados para
prorrogar la ley de Asignación Complementaria, para que empleados públicos
que inicien su jubilación puedan acceder a ella. “Esto no es un esfuerzo
del gobierno, es financiada con el aporte del 0,5 por ciento de los
haberes, o sea que la pagamos los trabajadores”, sentenciaron.*
Durante su alocución, la diputada Inés Brizuela y Doria aclaró que no se
trata de un beneficio, ni del reconocimiento de un derecho. “Tampoco es un
esfuerzo del gobierno provincial ni una concesión. La asignación
complementaria fue creada en el 2009 para amortiguar el daño que se produce
al empleado público al momento de jubilarse, como consecuencia de cobrar
casi el 70 por ciento de su salario en negro”.
Luego aclaró: “Como todos sabemos, los empleados públicos provinciales y
municipales aún con la edad requerida y los años de aportes, no quieren
jubilarse porque al hacerlo, y como consecuencia de cobrar gran parte del
salario en negro, pasan a cobrar el haber jubilatorio mínimo. La asignación
complementaria es un aporte que se hace para completar el 82% del último
haber base percibido por el agente como personal activo. Esta asignación va
disminuyendo automáticamente, cuando la jubilación recibe los aumentos
automáticos de ANSeS previstos por ley nacional; y desaparece cuando llega
al equivalente al 82% del último haber percibido en actividad.”
Aseguró que de ninguna manera esto “puede considerarse un esfuerzo del
gobierno, ya que la asignación complementaria es financiada con el aporte
del 0,5 por ciento de los haberes, que se descuenta a todo el personal de
la administración pública provincial y municipal. Es decir, lo pagamos
entre todos los trabajadores. Y no significa una reivindicación para
nuestros jubilados; al contrario, es el reconocimiento del daño generado
por un gobierno que prioriza otras cuestiones, por encima de una política
salarial digna y adecuada a la realidad económica. Que paga en negro, con
una visión cortoplacista, sin medir las consecuencias a futuro y los
efectos a la hora de jubilarse”.
*Distribución de recursos*
Fuerza Cívica también acompañó la nueva escala salarial, con la exhortación
al oficialismo local para que cambie las prioridades en materia de
distribución de recursos.
Desde la bancada de FCR recordaron la ausencia de una política salarial
seria, y la circunstancia del incremento del presupuesto general de la
provincia en un 40 por ciento, que no fue trasladado al salario de los
trabajadores del Estado.
“El gobierno de La Rioja paga los salarios más bajos del país. Los aumentos
que vienen dándose en los últimos años siempre fueron detrás de la
inflación. Cuando el aumento impacta en el bolsillo de los trabajadores, la
inflación ya se lo comió por anticipado. Esto es la muestra más clara del
desprecio por los trabajadores del Estado, a los que el anterior gobernador
en más de una oportunidad trató de “vagos””, recordó Brizuela y Doria.
Finalmente pidió que “no destinen más dinero a las SAPEM, con las que
prometieron soberanía alimentaria, energética, y el país de las maravillas.
Transparenten los números, y prioricen las necesidades básicas de los
riojanos”.
