Un reciente informe de la Federación Judicial Argentina revela que en 15 provincias argentinas, el 62,5% de los trabajadores judiciales ingresantes perciben sueldos por debajo de la línea de pobreza. Este panorama se presenta a pocos días de conmemorarse el Día del Trabajador y la Trabajadora Judicial, el 16 de noviembre, en honor a la creación de la Confederación Judicial Argentina en 1952.
El estudio, que analiza el salario de los ingresantes, la conflictividad laboral y los resultados de la segunda Encuesta Nacional de Salud Laboral en el Poder Judicial, muestra una situación preocupante. Según el informe, que se basa en datos provinciales y nacionales, la Federación agrupa a 23 sindicatos y más de 35.000 trabajadores judiciales en todo el país.
La investigación indica que, tomando como referencia la línea de pobreza de septiembre de 2025, estimada en $1.176.852,05, 15 de las 25 jurisdicciones en el país tienen salarios de ingreso por debajo de este umbral. Solo 9 jurisdicciones, incluyendo el Poder Judicial de la Nación y la Justicia Federal, logran superarlo. Santa Fe no cuenta con datos actualizados.
El mapa salarial elaborado por la FJA pone de manifiesto la desigualdad territorial, mostrando que los salarios más altos se concentran en la región patagónica y en algunas provincias del norte. En contrastante, lugares como La Pampa, Mendoza, Córdoba y La Rioja presentan salarios que no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo.
La FJA enfatiza que la disparidad es notable, con algunos trabajadores judiciales ganando hasta tres veces menos que sus colegas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este desbalance se vuelve más evidente al comparar los salarios de los trabajadores judiciales con los de los jueces de la Corte Suprema, que reciben salarios significativamente más altos.
La falta de respuestas por parte de las autoridades judiciales, muchas veces justificadas por la falta de presupuesto, ha generado un clima de creciente conflictividad en el sector. En más del 60% de las jurisdicciones, el salario inicial de un trabajador judicial está por debajo de la línea de pobreza, lo que evidencia la fragmentación salarial en el Poder Judicial.
En cuanto a la salud laboral, la segunda Encuesta Nacional de Salud Laboral revela un deterioro en las condiciones laborales desde 2017. Un 43,6% de los encuestados trabaja más horas de las reglamentarias, y un alto porcentaje experimenta síntomas de agotamiento y estrés.
Los datos sobre violencia laboral son alarmantes, con un 43,2% de los trabajadores afirmando haber sufrido acoso psicológico. La FJA advierte que la situación se ha vuelto insostenible y que es crucial establecer un convenio colectivo nacional que garantice un salario digno para todos los trabajadores del sector.
Ante esta situación, la Federación Judicial Argentina reafirma su compromiso de defender los derechos de los trabajadores judiciales y continuar con la lucha por mejores condiciones laborales en un contexto de crisis y ajuste.
