El Gobierno determinará esta semana cuál será el cuadro tarifario de gas que presentará a funcionarios y legisladores nacionales antes de la audiencia pública pautada para el 16 de septiembre próximo, mientras asociaciones de consumidores adelantaron que rechazarán todo aumento que no sea «gradual y razonable».
Según lo estipulado, la presentación se realizará el martes para «adecuar los aumentos en el consumo de gas a lo que la Corte Suprema estableció».
La reunión estará encabezada por la vicepresidenta, Gabriela Michetti, en la Casa Rosada a las 14:00, ya que el presidente Mauricio Macri estará regresando por esas horas al país tras su participación en la Cumbre de Jefes de Estado del G-20 en la ciudad china de Hangzhou.
Al encuentro también asistirán el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren; su par del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; y el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui.
Antes que de la Corte Suprema dejara en suspenso los incrementos en el servicio de gas, el tope era del 400% para usuarios residenciales y del 500% para industrias y comercios.
La anulación dispuesta por el máximo tribunal rige para aumentos de tarifas de gas natural por red para usuarios residenciales, pero no para comercios y pymes.
El representante legal de la asociación Consumidores Libres sostuvo, en diálogo con NA, que espera «una propuesta del Gobierno que contemple subas sean graduales y razonables, como establece el fallo de la Corte».
«Si eso no sucede, se pueden producir efectos contrarios, como aumentar la imposibilidad de pago por parte de los usuarios, lo cual provocaría que ingrese menor cantidad de dinero a las empresas», analizó.
Dijo Polino que «si el Gobierno propone un aumento del 300%, seguirá siendo un incremento excesivo» y fustigó: «Si propone eso, parecería que entra en un regateo, ya que comenzó con un 800%, bajó a un 400 para usuarios residenciales y 500 para comercios e industrias para disminuir a 300».
«No se trata de un regateo, se trata de establecer una tarifa justa y a tono con la capacidad de pago de usuarios», enfatizó y argumentó: «Un servicio público tiene que llegar a la totalidad de los habitantes del país».
En ese sentido, aseguró que la entidad que representa, «va a rechazar» un eventual incremento de ese nivel.
«Si el aumento de los salarios promedio fue del 30%, no se puede establecer una suba de 300%», insistió.