La primera de las medidas establecidas en el Decreto 1206/23 consiste en la suspensión de la incorporación de nuevo personal en la administración pública bajo cualquier figura jurídica. Esta medida no obsta a las incorporaciones en planta que forman parte del plan de desprecarización laboral que el gobierno viene llevando adelante de manera paulatina para todas las reparticiones públicas ni tampoco alcanza a la incorporación de docentes, personal de salud y de las fuerzas de seguridad que sean necesarias para garantizar la prestación estos servicios pero ateniéndose a los protocolos de designación tal como concursos y suplencias por asignación de la JUETAENO en el caso de Educación.
El decreto también establece que la contratación de nueva obra pública deberá ser expresamente autorizada por acto administrativo de la Función Ejecutiva Provincial a fin de que las que ya están en marcha y el Gobierno considera fundamental sostener por el impacto que tienen en la generación de puestos de trabajo y de movimiento económico, puedan asegurar su continuidad y financiamiento.
Igualmente, la adquisición de bienes de uso deberá ser expresamente autorizada por acto administrativo de la Función Ejecutiva Provincial, a solicitud de cada jurisdicción de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada.
Finalmente, se invitó al Tribunal de Cuentas y a las Funciones Legislativa y Judicial a adherirse a este decreto.