Luego de mucho tiempo de investigaciones, el juez federal Ariel Lijo decidió dar por concluida la causa públicamente conocida como el Caso Ciccone, que involucra al vicepresidente kirchnerista Amado Boudou.
Según esta decisión de Lijo, el fiscal a cargo del expediente, Jorge Di Lello, tiene seis días para expedirse sobre la situación del vicepresidente, además de otros cinco procesados en la misma causa.
Las opciones de Di Lello son pedir el sobreseimiento de Boudou, solicitar nuevas medidas probatorias o elevar el caso a juicio oral y público.
Además de Boudou, quedaron implicados en la causa sus testaferros José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, el ex dueño de la empresa, Nicolás Ciccone, y el ex funcionario de la AFIP y asesor económico Guido Forcieri.
Según pudieron determinar la Cámara Federal y luego la Cámara de Casación, los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública efectivamente existieron, y se dieron en el marco de la venta irregular de la imprenta Ciccone Calcográfica, que tenía como principal cliente a la Casa de la Moneda de la Nación.