Finalmente, el Senado convirtió en ley la amnistía fiscal y el pago a jubilados, tras un debate que comenzó pasadas las 14. Tal como calculaba el oficialismo, el proyecto tuvo un amplio respaldo, con 56 votos a favor y 11 en contra. La oposición fue impulsada por el kirchnerismo duro, lo que marcó nuevas diferencias dentro del bloque del Frente para la Victoria.
En consecuencia, ya es ley el paquete que prevé el pago de juicio a jubilados, una amnistía fiscal para conseguir los fondos para financiarlo, la creación de una pensión universal a la vejez y la exención de Ganancias del medio aguinaldo de julio, entre otras medidas.
La gran mayoría del bloque PJ-Frente para la Victoria estuvo dispuesto a acompañar el proyecto. La excepción fue otra vez el grupo de legisladores que responde al kirchnerismo. Hubo solamente una abstención, de Fernando «Pino» Solanas, por Proyecto Sur.
Además de declarar la emergencia en litigiosidad previsional con el objetivo de que el Poder Ejecutivo establezca acuerdos con los jubilados que están en juicio, la flamante ley prevé la creación de una pensión universal a la vejez, y deja abierta la puerta para la futura venta de acciones de empresas privadas que el Estado argentino obtuvo con la confiscación de los ahorros que los trabajadores tenían depositados en las ex-AFJP.
Del referido blanqueo, tras las quejas opositoras en Diputados, se excluyó a funcionarios de los tres poderes del Estado y en todos los niveles (nacional, provincial y municipal) así como a sus padres, cónyuges e hijos, así como a los legisladores para el Parlasur.
También establece que el Ejecutivo Nacional se haga cargo de los déficits de las cajas previsionales provinciales, al extender por 90 meses la moratoria a 13 provincias que nunca trasfirieron sus cajas, lo cual provocó un alivio para los gobernadores, en especial los del PJ, y fue otro punto que allanó el respaldo de los sectores del FpV-PJ que se referencia en los jefes provinciales.
Durante el debate, el radical Alfredo Martínez subrayó: «Uno de los objetivos del programa es bajar la litigiosidad previsional. Debemos evitar que sigan proliferando juicios», argumentó. Luego Julio Cobos se expresó en la misma línea y llamó a «terminar de hacer peregrinar a los jubilados por los palacios de Justicia».
Muy lejos de esa posición, la senadora del PJ-FPV Anabel Fernández Sagasti consideró que la iniciativa arruinará el sistema previsional. «Este proyecto no tiene nada de reparador, ni de histórico, ni de emergencia, sino que es una escandalosa extorsión al federalismo, un retroceso atroz para el sistema previsional y el primer paso para implosionarlo», sentenció.
La senadora por Mendoza evaluó que el proyecto «no es reparador por la famosa Pensión Universal a la Vejez» prevista, porque con ella «se pasa de un derecho, de ser un jubilado, a ser un pensionado». Y agregó: «La Pensión Universal es una dádiva estatal, solo por el hecho de la vejez».
Además, señaló que el proyecto prevé la «entrega del patrimonio de la ANSES» al habilitar la eventual venta de acciones en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) el cual, según advirtió, se va a «desfinanciar».
