Unión por la Patria y la UCR impusieron su número. La ley establece un ajuste mensual por IPC, un plus de un 8,1% para recuperar la suba de precios de enero y una cláusula gatillo si los salarios le ganan a la inflación
El Gobierno cierra una semana en el Congreso de la Nación en la que la oposición hizo valer su mayoría y se impuso tanto en Diputados como en el Senado. Luego de que los primeros rechazaran el DNU que otorga USD 100 millones de gastos reservados a la SIDE, la Cámara Alta aprobó la ley de movilidad jubilatoria por 61 votos a favor y ocho en contra, lo que significa que se aprobó por dos tercios y se establecieron cambios al modelo que propuso el Ejecutivo por DNU.
En una votación en la que el bloque de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical lograron un acuerdo para avanzar con el proyecto que llegó de Diputados con media sanción —ahí también votaron en conjunto— se impusieron con el acompañamiento del bloque del PRO, y miembros de los bloques provinciales, lo que significó que se aprobó con los dos tercios.
El rol de miembro informante fue compartido entre Mariano Recalde, de UP, y Martín Lousteau, de la UCR. El senador K se refirió a que “el sistema previsional argentino está en crisis, producto de la crisis económica del país. El Estado tiene que hacerse cargo”, sostuvo Recalde.
Y agregó: “Aprobar esta ley es un acto de justicia y de reparación. En 2015, un jubilado compraba 49 kilos de asado, hoy 29. Es urgente que reparemos esta pérdida y este retroceso, porque los jubilados se lo merecen”.
Por su parte, el radical señaló que “el proyecto ajusta las jubilaciones mensualmente por inflación para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo” y “esto es importante porque desde 2017 las jubilaciones y pensiones perdieron un 45% de sus ingresos”.
Aunque hubo acuerdo en el proyecto en general, el radical señaló que coincidía en que la privatización de las jubilaciones “fue uno de los problemas principales que desarticuló nuestro sistema, pero debo decir que fue su partido el que hizo esto y que una de las voces públicas para defender la privatización de los fondos de pensiones está sentada a su derecha y es de su propio partido, entonces, enhorabuena que piense distinto, pero el descalabro ocurrió cuando el peronismo gobernaba y esa década liberal es enteramente del peronismo. La privatización de los fondos de pensiones y de YPF es del peronismo”.
El proyecto que se aprobó y que ahora pasará al Ejecutivo nacional —que amenaza con vetarlo— establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.
Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. El Ejecutivo insistió en que esto fuera a partir de julio y la oposición lo quiere retroactivo desde febrero. Esto último es lo que se impuso.
Durante el debate en Diputados, una prenda de cambio entre opositores fue priorizar el pago de los juicios sobre reajuste de haberes y de las deudas con las cajas previsionales provinciales —que 13 distritos no transfirieron a Nación— con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Por ende, se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA. Para el Ejecutivo, esto significa el final del déficit cero.