cuales fueron objeto del pedido de informes por “recibir sumas millonarias
de dinero del Gobierno sin justificación fehaciente”, según recordó el
legislador, quien además indicó que “en 2015 financiaron las campañas del
FPV”.
El Bloque de Diputados de Juntos por la Rioja acompañó a Galván en un
pedido de informes al Estado acerca de subsidios y ayudas hacia tres
fundaciones sospechadas por su precaria constitución institucional, la
cuales habrían recibido millonarias sumas de dinero como ayuda por parte
del Gobierno de la Provincia en la pasada gestión, según reza el texto
ingresado el pasado miércoles al parlamento riojano.
Además, denunciaron que “son políticas del oficialismo que encierran una
necesidad de eludir controles, fomentar el clientelismo y escindir fondos
de origen estatal a personas jurídicas privadas que ellos mismos conforman
a través de sus empleados y afines.
Pese a la importancia de ingreso, el mismo no supero la labor parlamentaria
y no pudo ser tratado en la pasada sesión, situación que encendió la
molestia por parte de los legisladores de Juntos Por La Rioja. “Hay una
gran falta de consideración de los diputados oficialistas para con nuestros
proyectos y una evidente conveniencia política”, sostuvo Galván.
Es que además de esta denuncia, El Diputado capitalino otros 4 proyectos
que tampoco tuvieron tratamiento en el recinto. Uno de ellos promovía un
protocolo de acción ante los casos de violencia política, como la sufrida
por la concejala del Dpto. Felipe Varela “nunina” Páez.
Otro solicitaba la modificación de la Ley 9718 de Protocolo de Abordaje
para casos de Abuso Sexual donde se proponía la activación de estos
protocolos ante la más mínima sospecha y develamiento de casos con todos
los cuidados procesales e institucionales para evitar la re victimización.
Por último, hubo otros dos pedidos de informes que quedaron en labor
parlamentaria. Uno solicitaba información de adjudicaciones de planes de
viviendas sociales para saber cómo han funcionado los protocolos y
seguimiento a los beneficiarios, esto ante varias denuncias por usurpación
y reventa de las mismas. Y el último pedía conocer la situación de
precarizados del sector Salud, como así también las partidas
presupuestarias y mecanismos de pase a planta permanente realizados con
anterioridad.