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La Oficina Anticorrupción denunció a Mauricio Macri por supuesto enriquecimiento ilícito

El expresidente habría realizado maniobras con transferencias millonarias de «dinero espurio» al fideicomiso ciego que creó cuando llegó a la Casa Rosada.

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció a Mauricio Macri por omitir en sus declaraciones juradas su participación accionaria real en la empresa Agropecuaria Guayquiraró (Agro G S.A), pero además señaló que sospecha que lavó dinero a través de operaciones con esa firma y que evadió impuestos. Las maniobras fueron detectadas al cruzar datos del famoso fideicomiso ciego que el expresidente creó cuando llegó a la Casa Rosada –con el pretexto de poner su patrimonio bajo custodia de terceros y mantenerlo lejos suyo– con los registros obligatorios de todas las sociedades comerciales. Lo que quedó claro es más allá de que eludió poner allí todo lo que tenía, lo habría utilizado para blanquear dinero de origen espurio, que es lo que puede tener consecuencias penales. Cuanto menos, dice el organismo, no declaró la compra de «acciones preferidas» de Agro G S.A por 5.064.938 pesos, pero las transfirió al fideicomiso para darle apariencia de licitud a ese dinero y generar dividendos. Ese tipo de acciones le permitieron, a la vez, transferir 54.286.824 de pesos entre 2017 y 2020 desde una empresa llamada Latin Bio de la que era accionista esa sociedad junto con su esposa Juliana Awada, que finalmente le fueron reintegrados al propio Macri.

La denuncia que dio pie a la que finalmente hizo la OA, y que le tocó a la jueza María Servini, fue realizada por la Inspección General de Justicia (IGJ), que al analizar el «fideicomiso ciego» de Macri encontró numerosas irregularidades y directamente decidió su anulación. Entre otras cosas, había incongruencias entre las acciones que Macri reconocía y las que aparecían, pero además las transferencias y retiros dudosos de grandes sumas de dinero. El organismo anticorrupción, que dirige Félix Crous, giró su presentación judicial también a la Unidad de Información Financiera (UIF), ante la fuerte sospecha de que el expresidente habría lavado dinero, y a la AFIP, por la posible evasión derivada del solo hecho de no reconocer la participación accionaria real al menos en la sociedad Agro G, dedicada a la actividad agrícola ganadera (principalmente siembra de arroz y cría de ganado).

Hay dos hallazgos centrales que son los núcleos de la presentación judicial. El primero es el que dice que: «Corresponde imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos $ 5.064.938 provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de 5.064.938 de acciones preferidas de la firma Agro G S.A., la que se habría concretado entre el 02/09/13 y el 12/04/16, con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido, y que éste genere futuros dividendos también aparentemente lícitos». Aquí la clave es que el expresidente declaraba una participación del 14 por ciento en esa sociedad, pero resultó que al menos tenía el 30 por ciento. El momento en que aumentó su capital –en septiembre de 2013– omitió informarlo a la IGJ, y fue en forma deliberada, según la denuncia. Tampoco asentó en los libros de acciones la titularidad de los 5.064.938. Eso, señala la OA, se conjuga con «la conducta concretada por el propio Mauricio Macri consistente en omitir maliciosamente la declaración de su real tenencia accionaria en dicha sociedad, en la Declaración Jurada Patrimonial correspondiente al año 2015». Pero agrega que la «finalidad última» era ocultar que la acción preferida se hizo con «dinero espurio».

El segundo punto clave es que la tenencia de esas «acciones preferidas» le permitían a la sociedad Agro G, precisamente por su carácter preferencial, acceder a dividendos de otras firmas en las que participaba. Una de ellas se llama Latin Bio, una empresa de biocombustibles. Los accionistas mayoritarios de Latin Bio son la propia Agro G S.A, titular del 29,75% del capital social y Juliana Awada, titular del 20,25% del capital. Dice la OA: «no puede soslayarse que la adquisición de las acciones preferidas de Agro G S.A., le permitieron al Fideicomiso Ciego de Administración hacerse de $ 54.286.824 (en concepto de dividendos) entre 2017 y 2020, suma que el 20/02/20 al finalizar el contrato de fideicomiso, fue reintegrada a Mauricio Macri». Agrega que conformaron el directorio de Latin Bio: el exsecretario legal y técnico de la presidencia, Pablo Clusellas, que fue presidente de la sociedad entre 2013 y 2020; Alejandro Jaime Braun Peña (que ocupó cargos de director presidente, director y director suplente entre 2013 y 2019) y Luz Braun Peña (directora suplente y titular entre 2013 y 2020), ambos primos segundos del exjefe de gabinete Marcos Peña. Son todas personas vinculadas de manera cercana a Macri.

«No puede descartarse que al igual que lo que ocurre en Agro G S.A., el único hombre detrás de dicha firma resulte el propio Macri. Las circunstancias descriptas ameritan la denuncia y pesquisa judicial, ya que se configura la sospecha cierta de que Mauricio Macri se habría transferido a él mismo $ 54.286.824 entre 2017 y 2020, lo que constituye otra clara maniobra de lavado de activos nacida de la compra con dinero espurio de las acciones preferidas de Agro G S.A», plantea el escrito que ahora analizará la jueza Servini. Un dato impactante es que para girar los 54 millones Latin Bio emitió cheques para Agro G. El primero fue de 10 millones de pesos. La sociedad lo cobró y entregó todo ese dinero en efectivo al fideicomiso ciego. Así figura en un acta de asamblea y, ante los ojos del organismo anti lavado, podría ser un clásico caso de operación sospechosa por sus dimensiones.

Como queda a la vista, una de las teorías es que quienes figuraban en ambas empresas pudieron haber sido testaferros. En Agro G. los otros accionistas eran la sociedad uruguaya Ventilux, José Alberto Andrés Uriburu y la sucesión de Carlos F. Popelka. Para los investigadores un rasgo llamativo respecto de esta última sociedad es que no siempre daba ganancias, pero aun así Macri retiraba dividendos. Fue el único socio, señala la OA, que «retiró dividendos en los últimos 10 años, mientras el resto de los accionistas consentían dicha situación que ocurría tanto cuando los resultados de los ejercicios anuales arrojaban ganancias como cuando representaban quebrantos».

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