El Gobierno nacional se encuentra en análisis para reactivar los “tickets canasta” como parte de la reforma laboral que planea enviar al Congreso. Esta iniciativa busca reducir los costos laborales para las empresas y fomentar la creación de empleo formal.
La propuesta de reinstalación de estos tickets, que permitían el pago de una parte del salario mediante vales alimentarios, surge en el contexto de la necesidad de modernizar el mercado laboral. Originalmente, este sistema fue implementado en 1989 durante la hiperinflación en Argentina, alcanzando a más de 1,5 millones de trabajadores y representando una cifra significativa en beneficios.
En 2007, el Congreso eliminó este régimen a través de la Ley 26.341, que integró los vales a los salarios remunerativos. Sin embargo, la actual reforma propone reintroducir un esquema similar, permitiendo que hasta el 20% del salario total se abone a través de vales, exentos de cargas sociales.
De acuerdo con Daniel Pérez, miembro de la Comisión de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA), esta modificación podría generar conflictos legales, ya que los criterios en los tribunales laborales sobre qué constituye un beneficio no remunerativo son variados.
Los “tickets canasta” estaban destinados a la compra de alimentos en supermercados o para comidas en restaurantes. Ignacio Funes de Rioja, del estudio Bruchou & Funes de Rioja, explicó que la ley consideraba estos vales como beneficios sociales, exentos de aportes personales, mientras que los empleadores pagaban una contribución patronal reducida.
El borrador de la reforma también sugiere cambios en el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, ampliando el concepto de beneficios sociales no remunerativos. Esto incluiría la provisión de almuerzos o refrigerios durante la jornada laboral.
A pesar de la intención del Gobierno de reintroducir estos instrumentos, los especialistas advierten sobre la necesidad de respetar los precedentes judiciales que declararon inconstitucionales los vales alimentarios como beneficios no remunerativos. La Corte Suprema, en un fallo de 2009, estableció que estos vales debían considerarse parte del salario, lo que complicaría su reimplantación.
El debate se centra en diseñar un sistema que permita beneficios sociales sin contradecir los fallos judiciales previos. La propuesta del Gobierno busca equilibrar la reducción de la carga impositiva sobre el empleo con el cumplimiento de las normas laborales vigentes, en un contexto de alta presión tributaria y disminución del empleo privado registrado.
Los nuevos instrumentos que se están considerando podrían implementarse a través de plataformas electrónicas o aplicaciones que dirijan parte del salario a rubros específicos como alimentación, transporte o recreación, manteniendo un tratamiento fiscal diferenciado.
