El pasado viernes se presentó un jury contra el juez del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Ernesto Loffler, por presuntas faltas en el ejercicio de su función. Esta iniciativa fue entregada al Consejo de la Magistratura, que se reunirá el 18 de noviembre para abordar este caso, que cuenta con la representación del abogado Antonio Petkos, matriculado en el colegio de Abogados de Río Grande.
La acusación contra Loffler se basa en alegaciones de “mala conducta, morosidad y negligencia reiterada en el cumplimiento de sus funciones, así como arbitrariedad manifiesta”. Estas denuncias están relacionadas con su participación en el análisis judicial de la reforma de la Constitución Provincial, donde el juez tuvo un rol en la evaluación de las denuncias presentadas por los casos “Lechman” y “Rossi”.
Los denunciantes argumentan que Loffler mostró parcialidad debido a sus declaraciones en medios de comunicación, donde se manifestó en contra de la reforma antes de que se sustanciara la causa. Se señala que el juez emitió juicios de valor que anticipaban su postura sobre asuntos que eran de su competencia como magistrado.
Además, se menciona que su hermano, el legislador Damían Loffler, votó en contra de la reforma, lo que refuerza la percepción de parcialidad en su accionar. Se criticó su decisión de no abstenerse de participar en el debate sobre la reforma constitucional, lo cual se considera un comportamiento inapropiado motivado por razones políticas.
Otro punto destacado en la presentación es el retraso en la justicia, ya que las actuaciones quedaron paralizadas durante meses en su vocalía sin que se dictara resolución alguna, a pesar de los reiterados pedidos de pronto despacho. Este retraso, según los denunciantes, prolongó innecesariamente los tiempos de una medida cautelar que impedía la convocatoria a elecciones.
Finalmente, se plantea un escenario de “enemistad funcional” hacia el Gobierno Provincial, resaltando una resolución del 13 de agosto de 2024, en la que Loffler ordenó al Gobierno que se abstuviera de realizar acciones relacionadas con la elección suspendida, a pesar de haberse dictaminado la inexistencia de delito en la denuncia “Lechman”. Todo este contexto ha sido calificado como de “gravedad institucional excepcional”, evidenciando una posible obstrucción deliberada a las funciones de un órgano del Estado.
