El ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, presentó una denuncia penal y realizó el aporte de diferentes pruebas, en contra de tres personas de sexo femenino que ofrecían viviendas del Estado provincial a cambio de la suma de 1.100.000 pesos, por la posible comisión de los delitos de estafa y/o defraudaciones y de falsificación de documento público (artículos 172 y 292 del Código Penal).
El ministro Ariel Puy Soria, quien efectuó una conferencia de prensa acompañado por el Secretario de Vivienda, Diego Rivero y el Director General de Bienes Fiscales, José Yoma, manifestó que “iremos hasta las últimas consecuencias para determinar absolutamente todos los responsables” y enfatizó que “tenemos que terminar con estas acciones corruptas que perjudican a la gente y juegan con la necesidad de contar con un techo propio”.
El funcionario precisó que esta nueva denuncia penal se enmarca en las acciones que el Gobierno de la provincia impulsa con el firme propósito de defender los bienes del Estado para el desarrollo de una política habitacional ordenada y transparente. En este sentido ya se avanzó con denuncias penales a supuestos gestores de la cartera de Vivienda que ofrecían viviendas construidas y en construcción en la zona sur de la Capital; así como las presentaciones realizadas por una supuesta asociación ilícita que se dedicaba a la venta ilegal de tierras fiscales.
El titular de la cartera de Vivienda puntualizó que “es un enorme sacrificio construir viviendas, por lo que no podemos tirar el esfuerzo de todo un equipo por la borda” y aseguró que “hay una sola forma de adjudicar viviendas, que es de acuerdo a la ley y sin importar quienes sean los responsables vamos a seguir aportando elementos de prueba para que puedan ser evaluados por nuestros jueces para que aportemos claridad a los hechos”.
En la denuncia, que se realizó ante la División de Delitos Económicos, se sugirieron diversas medidas probatorias y la detención de las personas involucradas por considerarse que existe riesgo procesal, esto es posibilidad de fuga o entorpecimiento del proceso si permanecen en libertad. La denuncia tiene intervención del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional.
La misma se efectuó en virtud de que llegó a conocimiento de autoridades del Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, que estas mujeres ofrecían entregar viviendas del Estado provincial a cambio de recibir importantes sumas de dinero en efectivo.
El modus operandi de estas personas consistía en pedir un pago inicial de 550 mil pesos en efectivo, sin emitir recibo alguno, para comenzar los trámites de adjudicación y a cambio se les entregaba un comprobante de tenencia provisoria. El saldo restante, otros 550 mil pesos, contra la entrega efectiva de la vivienda, que se presuponía para los meses de diciembre y enero pero sin especificar el año de entrega y de esta manera se hacía el otorgamiento del comprobante de tenencia.
De todos modos, se pudo determinar que estos contratos tenían vicios, como por ejemplo no contar con la denominación alfanumérica de las viviendas ni se especificaban fechas concretas de entrega a los damnificados.
Desde el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, se espera que se instruya una causa penal en contra de las personas denunciadas, se hagan cesar los efectos de los delitos, se cumplan las medidas de prueba sugeridas en aras de averiguar la verdad real de los hechos denunciados.
