justicialistas, donde estuvieron representadas un total de 18 provincias
argentinas, con el objetivo de definir la compensación que los gobiernos
provinciales exigirán a la Nación, luego del paquete de medidas económicas
que anunció el presidente Mauricio Macri y que provocarán una pérdida de 51
mil millones de pesos a las provincias, entre ellas La Rioja que perderá
950 millones de pesos por coparticipación. Casas advirtió que los
gobernadores no se oponen a ninguna medida que beneficie al pueblo, pero
consideran que las medidas adoptadas vulneran derechos consagrados en la
Constitución, como lo son los recursos coparticipables. Por ello exigen una
compensación financiera que garantice el normal funcionamiento de la
provincia. En un documento, los mandatarios plantean que, en caso de no
tener respuestas concretas, buscarán un amparo judicial.*
El mandatario riojano afirmó que “los gobernadores no estamos en contra de
ninguna medida tomada por la Nación, que beneficie al pueblo”, aunque
advirtió: “pero tenemos la responsabilidad de defender a nuestros
representados, por ello exigimos al Estado Nacional un instrumento de
compensación financiera”.
Agregó el gobernador de La Rioja que esa compensación financiera debe
“garantizar el normal funcionamiento provincial” al considerar que “los
efectos de las medidas adoptadas por el gobierno nacional vulneran derechos
consagrados en la Constitución Nacional, como son los recursos
coparticipables”.
*La Rioja es la más afectada*
Explicó Casas que la reunión tuvo por objetivo “analizar el impacto de las
medidas que se tomaron últimamente de parte del Gobierno Nacional, las
cuales afectan bastante a los recursos provinciales”, y detalló que las
Provincias perderían aproximadamente 52 mil millones de pesos. Esto “nos
llevó a todos los mandatarios provinciales a reunirnos para analizar la
situación y exponer la preocupación, porque son decisiones tomadas
post-elección, lo que nos hace presumir que no se está pensando en el
conjunto del pueblo argentino, sino que esto tiene que ver con un impacto
meramente electoral”, indicó.
Asimismo, resaltó que los mandatarios provinciales “tenemos el derecho y el
deber de luchar por nuestros representados”, y precisó que “en el caso
concreto de La Rioja nos afecta una cifra importante que hace peligrar los
gastos corrientes”.
Luego dijo que en este marco los gobernadores firmaron un documento “donde
exigimos la compensación de estos recursos”. A la vez, expuso que estas
medidas lanzadas por el Presidente son inconstitucionales porque “se toman
en contra de la Constitución Nacional donde el Poder Ejecutivo Nacional no
tiene las facultades para tomar estas medidas por un decreto, además no
tiene el aval del Congreso de la Nación”.
Así también, Casas reflejó la gravedad que significa esta situación para La
Rioja en particular, teniendo en cuenta que a nuestra provincia le
arrebataron en el año ’88 un punto de Coparticipación. “Si esto afecta al
conjunto de las provincias que tienen coparticipación plena, en el caso de
La Rioja es mucho más preocupante porque se recibe un fondo mal denominado
extracoparticipable. Por lo tanto, esto nos deja en una situación más que
alarmante”, manifestó.
Finalmente, el gobernador Casas expresó un mensaje de unidad para toda la
dirigencia de la provincia de La Rioja y llamó a “actuar con
responsabilidad ya que se tratan de recursos que legítimamente le
corresponden a la provincia y se distribuyen en el conjunto del Estado
Provincial”.
*Inconsulto y unilateral*
De la cumbre justicialista que se desarrolló hoy en la sede del Consejo
Federal de Inversiones, en la ciudad de Buenos Aires, surgió un documento
que cuestiona el paquete económico que lanzó Macri. Asegura que fue
realizado “en forma inconsulta, unilateral”, y que provoca un despojo de
los recursos de las provincias, colocándolas en “una grave situación de
desfinanciamiento”. Plantean así que “no podemos permitir que se apropien
de los recursos provinciales, por parte del Estado Nacional, solo por el
justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales,
precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de
las cuales los Estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad”.
Al exponer que “es a todas luces tan arbitraria y perjudicial, esta acción
del Estado nacional, que al privarnos de los ingresos que por la ley en
vigencia nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis”, los
firmantes exigen que “se instrumenten las compensaciones financieras
correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la
salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud,
educación y justicia”. Asimismo, aseguraron que permanecerán “abiertos al
diálogo franco y responsable, dejando sentado que, de no ser así, nos
veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos”.
Cabe mencionar que firmaron los Gobernadores de La Rioja, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, Catamarca, Río Negro, San Luis, Formosa,
La Pampa, Neuquén, Entre Ríos, Chubut, Misiones, Santa Fe, San Juan, Salta,
Chaco, el vicegobernador de Santa Cruz y el ministro de Economía de Córdoba.
*EL DOCUMENTO COMPLETO*
Documento emitido por los gobernadores de Provincias Argentinas reunidos en
el CFI
Ante los anuncios realizados por el Gobierno Nacional, después de las PASO,
y en medio de un clima electoral, nos vemos en la obligación de expresar lo
siguiente:
1) En primer lugar, dejamos bien en claro, que no estamos en contra de
ninguna medida de gobierno que tenga objetivo paliar a la grave situación
económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad,
empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de
sus ingresos… pero, las medidas que se han dado a conocer, realizadas en
forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los
recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir esos costos fiscales
al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias
argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una
grave situación de desfinanciamiento.
En este estado de cosas, si bien nos parece positivo, que el gobierno
nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede
hacer, es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las
provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto
fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para
garantizar una previsibilidad, que hoy en forma arbitraria se está
vulnerando.
2) Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos
corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación
de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social en cada uno de
los estados que representamos. Y ante todo eso, no podemos permitir, que se
apropien de los recursos provinciales, por parte del Estado Nacional, solo
por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales,
precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de
las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad… por
el contrario, hemos sido eficientes a la hora de cumplir con cada una de
nuestras obligaciones y compromisos firmados.
3) Es a todas luces tan arbitraria y perjudicial, esta acción del estado
nacional, que al privarnos de los ingresos que por la ley en vigencia que
nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis, que puede empujar
incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo
que sumaría más perjuicios a nuestro país, en medio de este complejo
momento que estamos viviendo.
4) Expresamos enérgicamente, que vamos a defender los intereses de nuestros
representados, si es que esta actitud errática y flagelante hacia nuestros
derechos no se revierte. Por lo tanto, exigimos, se instrumenten las
compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el
normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de
seguridad, salud, educación y justicia que están a nuestro cargo.
Quedamos, como lo hemos demostrado siempre, abiertos al diálogo franco y
responsable, dejando sentado que, de no ser así, nos veremos en la
necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante un daño
irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual.