El Municipio revisara designaciones con irregularidades sobre ex funcionarios y familiares de la Gestion “Q”.
En este aspecto, el secretario general Heber Sirerol informó que “estas medidas se realizan en el marco del Decreto N°66 de Emergencia de Servicios Públicos donde, por ejemplo, se restringió el uso de servicios de celulares corporativos para funcionarios, se redujo el gasto de combustible de 3800 a 1700 litros ahorrando más de 200 mil pesos, los vehículos destinados a funcionarios ahora son usados para acciones de servicios públicos, porque de los 20 camiones de recolección de residuos que posee la Municipalidad sólo funcionan seis”.
Sirerol remarcó que “estamos en una situación de emergencia administrativa y económica financiera grave y estamos trabajando para gestionar líneas de créditos y cumplir, pero no podemos permitir que, por ejemplo, un hijo de funcionario tenga decretos de designación mellizos”.
A su turno, el secretario de Hacienda José Martínez informó que “se investigará más de 700 decretos de pase a planta que fueron otorgado de manera irregular, durante los últimos meses de gestión de Ricardo Quintela”.
El Secretario de Hacienda especificó que “la gestión anterior aprovechó el marco de pase a planta de los 1581 PIL, para pasar en forma irregular a más de 700 personas, de las cuales 400 fueron funcionarios o allegados a un círculo de decisión y el restó pertenecían a programas con poca antigüedad”. En tanto, llevó tranquilidad a todos los PIL, ya que “esas designaciones seguirán firmes”.
En conferencia de prensa, Martínez denunció que “tras las auditorías llevada a cabo sobre el recurso humano del Municipio, se detectó que se firmaron 6800 decretos de pase a planta y el 9 de diciembre del 2015, último día de gestión de Quintela, se firmaron inclusive 1300 decretos, entre los cuales la mayoría eran de pase a planta” y agregó que “durante el año pasado la planta de empleados incrementó en un 70% provocando un déficit salarial de 14 millones de pesos mensuales”.
José Martínez adelantó que “se abrió una investigación sobre cada caso y se suspenderá el pago de haberes durante 45 días, mientras dure el proceso; en tanto, en aquellas designaciones a planta otorgadas a beneficiarios de planes o programas, se les suspenderá el pago del haber, pero se les restituirá el pago del programa”.
En tanto, el Funcionario afirmó que “se realizarán las denuncias pertinentes sobre el desmanejo administrativo y financiero de la gestión anterior y ejemplificó que, estos 700 decretos irregulares significan entre 5 y 6 millones de pesos a la comuna”.
Por su parte, la asesora legal y general, Lorena Celis Ratti denunció que “ningún funcionario de la antigua gestión presentó actas de cierre y entrega de funciones y recursos, convirtiendo en caótica la situación actual administrativa de la institución, desviando procesos legales y evadiendo los pasos administrativos lo que conlleva a un delito al ser un ente público”.
Celis Ratti destacó que “no se permitirá irregularidades de ningún tipo y estas acciones buscan proteger al empleados municipal de carrera o aquellos que poseen planes o programas con antigüedad”.
