La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de suspender todas las demandas relacionadas con el juicio por la expropiación de YPF representa un avance significativo para Argentina. Esta medida, solicitada por la Procuración del Tesoro, detiene temporalmente el avance de acciones judiciales mientras se revisa la sentencia de primera instancia que condenó al país a pagar aproximadamente 18.000 millones de dólares.
El tribunal ha decidido que no se avanzará con ningún procedimiento, incluyendo la audiencia relacionada con el acceso a dispositivos y cuentas de funcionarios argentinos. Este freno también implica la paralización del proceso de “discovery”, donde se recolectan pruebas. La moción fue presentada por Sebastián Amerio al asumir el cargo y busca evitar posibles embargos sobre bienes del Estado.
Desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei destacó la resolución como un "hito histórico" en la defensa de Argentina, considerando que el litigio ha tenido un elevado costo económico y reputacional para el país. La situación ahora se centra en la validez del fallo original, mientras Argentina gana tiempo frente a los reclamos de fondos litigantes, siendo Burford Capital el principal afectado por esta decisión.