La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) se enfrenta a una creciente polémica tras la difusión de una resolución que impone aranceles para trámites estudiantiles, con montos que alcanzan hasta los $120.000. Este documento, firmado por el vicerrector Luis Oviedo, establece tasas para diversas gestiones académicas y administrativas, generando preocupación en el ámbito educativo.
Estudiantes de la UNLaR han expresado su alarma, señalando que ahora deben abonar $15.000 para poder inscribirse en las carreras de grado y pregrado. Según los alumnos, esta medida contraviene el Artículo 1 del Estatuto Universitario, ya que no se discutió en ningún órgano de decisión colectiva. La última vez que se implementaron aranceles en la universidad fue durante la gestión de Tello Roldán, quien fue destituido tras protestas estudiantiles en 2013.
La resolución, datada el 16 de octubre, ha suscitado críticas en un contexto donde se advierte sobre un posible proceso de arancelamiento de la educación pública, alineado con las políticas del Gobierno de Javier Milei. Los aranceles varían desde $3.000 por una certificación simple hasta montos significativos para otros trámites académicos.
