El Gobierno argentino busca aprobar en la primera semana de marzo la nueva ley de financiamiento universitario, tras la reciente sanción del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. Esta propuesta, presentada la semana pasada, tiene como finalidad reformar la normativa 27.795, incorporando un ajuste por inflación en los gastos, incrementos salariales en tramos y un refuerzo para los hospitales escuela.
El texto fue elaborado por la Secretaría Legal y Técnica, bajo la dirección de María Ibarzabal Murphy, y la subsecretaría de Políticas Universitarias, liderada por Alejandro Álvarez. Este último, vinculado a la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo, estuvo presente en la Casa Rosada un día antes de la presentación del proyecto en el Congreso. Se le considera un dirigente de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.
La nueva legislación es crucial para abordar los problemas de financiamiento que enfrentan las universidades. El contexto actual de crisis económica ha acentuado la necesidad de cambios estructurales en el sector educativo, que históricamente ha sido postergado. El Gobierno defiende que una mayor inversión en educación es esencial para el desarrollo a largo plazo del país.
Además, esta ley podría transformar las relaciones entre el Estado y las instituciones educativas, promoviendo un diálogo más constructivo. La creciente inquietud por el financiamiento universitario refleja los desafíos económicos y sociales que enfrentan las universidades argentinas.