El conflicto por la seguridad privada en el Hospital Regional Enrique Vera Barros ha tomado un giro crítico tras la denuncia de Leo Nieto Vera, representante de la Unión Personal de Seguridad Alfonso Pauta (UPSAP). Este gremialista acusó a la empresa tucumana Omega y a las autoridades del hospital de despedir a 53 trabajadores, lo que ha generado una ola de renuncias forzadas y un perjuicio económico que supera los mil millones de pesos en indemnizaciones.
Nieto Vera destacó que la llegada de Omega ha dejado a los empleados sin protección, una situación que ya había sido advertida durante un acampe en noviembre. Criticó el incumplimiento de la ley provincial en el proceso de licitación y mencionó que empresas locales capacitadas fueron desplazadas por la firma tucumana. Además, apuntó a la presión ejercida sobre los trabajadores para que renunciaran a su anterior empresa, Prevenir, si querían continuar en sus puestos, sugiriendo una posible connivencia entre las compañías involucradas.
La dirección del hospital, encabezada por el director Goitea, ha sido señalada como responsable del conflicto. Los trabajadores afirman que se les prometió que no habría despidos, un compromiso que se vio vulnerado. La situación actual ha llevado a que los empleados se sientan desprotegidos y a la deriva, lo que ha intensificado la crisis laboral en el sector de seguridad privada del hospital.