La pesca ilegal se ha convertido en uno de los principales desafíos del siglo XXI en los océanos del mundo. Japón ha lanzado un programa de cooperación internacional para fortalecer la vigilancia marítima en América del Sur, con una inversión de aproximadamente 300 millones de yenes (alrededor de U$S 1.900.000). Esta iniciativa beneficiará a Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador, enfocándose en mejorar el monitoreo en las zonas económicas exclusivas (ZEE) y en áreas limítrofes afectadas por flotas extranjeras.
El programa, desarrollado en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), incluirá la implementación de drones de vigilancia, embarcaciones patrulleras inflables y sistemas avanzados para el análisis aéreo. Estas herramientas permitirán identificar buques y rastrear sus trayectorias, incluso si apagan sus sistemas de posicionamiento. La atención se centra especialmente en la "milla 201", una área más allá del límite de la ZEE argentina, donde operan numerosos barcos extranjeros, principalmente en la pesca del calamar.
La FAO estima que la pesca ilegal puede representar hasta el 30% de las capturas globales en ciertas regiones, afectando los ecosistemas marinos y la sostenibilidad de las especies. Además, la falta de información confiable sobre estas actividades plantea interrogantes sobre el control y la regulación del lecho marino, generando un debate sobre quién debe ser responsable de estas herramientas de vigilancia en Argentina.
