La propuesta de reforma laboral del Gobierno de Javier Milei enfrenta una fuerte oposición de importantes entidades patronales, incluyendo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y ADIMRA. Estas organizaciones han expresado su desacuerdo con aspectos fundamentales de la reforma, que consideran perjudiciales para las pequeñas y medianas empresas.
El desacuerdo se centra en la eliminación de cuotas solidarias y en la modificación de la jerarquía en las negociaciones colectivas. Según los representantes de las patronales, la priorización de los convenios por empresa sobre los de actividad debilita su poder de negociación y coloca a las pequeñas unidades productivas en una situación vulnerable ante conflictos legales y la falta de regulaciones claras.
Las entidades advierten que la falta de un marco normativo adecuado podría derivar en un caos operativo que afecte la productividad, contradiciendo los objetivos del Ejecutivo. Además, la reforma plantea un escenario de "libertad de contratación" que ignora las asimetrías del mercado laboral argentino, generando una mayor fragilidad jurídica para los empleadores y empleados.
