El Gobierno nacional planea apelar un fallo judicial que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual ordena la actualización de salarios docentes y no docentes, la recomposición de becas y el sostenimiento de partidas para investigación. Los equipos jurídicos ya están trabajando en preparar la estrategia judicial y definir una salida administrativa.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una cautelar sobre la ley 27.795, promulgada en octubre de 2025. La administración buscará apelar primero ante la misma Cámara y, si es necesario, elevar la queja ante la Corte Suprema. Se prevé que la aplicación de la ley se realice “por goteo”, con transferencias mensuales que cumplan con la orden judicial sin afectar de forma permanente el presupuesto anual.
El conflicto se centra en los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios universitarios y recomponer los programas de becas en base a la inflación acumulada. El Gobierno sostiene que la implementación total de la norma generaría un impacto fiscal que busca controlar.
En el futuro, el Ejecutivo tiene la intención de presentar un nuevo proyecto en el Congreso para modificar la ley, sin buscar su derogación, sino promoviendo ajustes que permitan su cumplimiento.