El Gobierno nacional ha comenzado a hacer concesiones a la CGT para avanzar en la implementación de la reforma laboral que propone la Ley Bases. Esta estrategia busca evitar un nuevo paro general y minimizar bloqueos judiciales que podrían obstaculizar la iniciativa. Las concesiones incluyen la posibilidad de modificar o suavizar artículos que impactan en las cajas sindicales y la cuota solidaria, elementos considerados innegociables por el sindicalismo tradicional.
El objetivo del Ejecutivo es mostrar avances en la flexibilización laboral con el fin de atraer inversiones. Por su parte, la CGT mantiene una postura de resistencia controlada, lo que ha llevado a que los cambios más significativos en la estructura de poder gremial sean relegados por el momento. Este equilibrio entre el Gobierno y los sindicatos es precario, ya que implica una cesión de autonomía política a cambio de una mayor estabilidad laboral.
