La Confederación General del Trabajo (CGT) enfrentó un revés legal al ser rechazada su medida cautelar por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, bajo la dirección del juez Lavié Pico. Esta medida buscaba suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802 de "Modernización Laboral", que contempla el traslado de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.
El magistrado desestimó el planteo de la CGT, que argumentó que la implementación de la ley podría acarrear la desaparición de dicha justicia y generar "perjuicios irreparables". En su fallo, Lavié Pico determinó que no se demostró la existencia de un daño que justificara la cautelar solicitada, y subrayó que el proceso de amparo garantizaría una resolución expedita sobre el fondo del caso.
El tribunal otorgó un plazo de cinco días al Estado Nacional Argentino para presentar el informe pertinente, mientras que la CGT deberá enviar copias digitales de la documentación requerida. A pesar del fallo en contra, la CGT planea continuar con su estrategia judicial y evaluar sus próximos pasos en los tribunales.