La reciente decisión de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), bajo la dirección de Natalia Álvarez Gómez, de exigir un pago de $15.000 para la certificación de la documentación de los ingresantes ha generado una fuerte controversia. Esta medida pone en riesgo el principio de gratuidad de la educación universitaria, un derecho por el cual se ha luchado desde la reforma de 1918 en Córdoba.
El cobro no es inédito, ya que se había implementado en el pasado y se relaciona con el financiamiento de la FUNLaR. En un contexto de crisis económica, este arancel se convierte en una barrera para muchos jóvenes que desean acceder a la educación superior, y podría llevar a la exclusión de aquellos que no pueden afrontar este costo adicional.
La Asamblea UNLaR ha comenzado a organizar un plan de lucha para combatir esta decisión. La Agrupación La Marea en la Historia UNLaR sostiene que la defensa de una educación pública y gratuita es esencial y rechaza las políticas que buscan mercantilizar la educación superior. La situación en la UNLaR plantea un riesgo que podría extenderse a otras universidades en el país, lo que subraya la necesidad de un mayor presupuesto y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno nacional.
