La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra el diputado nacional Luis Petri, exministro de Defensa, en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia incluye cargos de "calumnias e injurias", "atentado contra el orden público" y "amenaza de rebelión", tras las declaraciones del legislador, quien la calificó de "golpista" por no apoyar ciertas medidas del Gobierno Nacional.
Villarruel también tildó a Petri de "irresponsable" y mencionó el supuesto vaciamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), así como los bajos salarios que se mantuvieron durante su gestión. La denuncia está en manos del Juzgado Criminal Correccional Federal 2, dirigido por Sebastián Ramos, quien también investiga al exlíder venezolano Nicolás Maduro.
Este enfrentamiento se produce en un clima político tenso en Argentina, marcado por acusaciones y represalias entre los actores políticos. La decisión de Villarruel de presentar la denuncia refleja su intención de no ceder ante lo que considera una campaña de desprestigio, utilizando el sistema judicial para proteger su imagen y posición.
El impacto de este conflicto será monitoreado de cerca por analistas y la sociedad, ya que podría establecer un precedente en la gestión de críticas y ataques hacia funcionarios públicos en un contexto político cada vez más hostil.