Dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional han manifestado su oposición al proyecto de la senadora Carolina Losada, que propone endurecer las penas por denuncias falsas y falso testimonio en casos de violencia de género. Esta iniciativa ha generado un fuerte debate interno en el partido, que ha llevado a impulsar una campaña de firmas para detener su avance en el Congreso.
El proyecto ha recibido dictamen favorable en la comisión de Justicia del Senado, pero ha suscitado críticas que argumentan que podría obstaculizar las denuncias de víctimas y refuerza una narrativa sobre denuncias falsas sin respaldo estadístico. Algunos sectores de la UCR incluso están considerando sanciones contra Losada, que podrían incluir su expulsión del partido.
La propuesta no introduce un nuevo delito, sino que busca aumentar las penas existentes: las denuncias falsas pasarían de 2 meses a 3-6 años, mientras que el falso testimonio aumentaría de 1 mes a 3-8 años. Hasta el momento, se han recolectado más de 1.700 firmas en contra de la iniciativa, evidenciando el descontento interno en el partido.
En Córdoba, la legisladora radical Brenda Austin ha logrado que se apruebe un mandato para rechazar el proyecto, mientras que María Orsenigo lidera otra recolección de firmas con el respaldo de 943 correligionarias. Las acciones reflejan un creciente malestar dentro de la UCR.