La reciente decisión de la Cámara Federal de San Martín de revocar una medida cautelar que permitía la continuidad de los pagos del programa «Volver al Trabajo» ha generado gran preocupación en el ámbito social. A partir de agosto, casi un millón de beneficiarios se verán afectados, quedando sin ingresos debido a esta nueva resolución judicial.
La medida cautelar, que se había implementado por un juzgado de Campana, obligaba al Ministerio de Capital Humano a realizar los desembolsos durante los meses de mayo, junio y julio. Sin embargo, la revocación de la cautelar se justifica en la necesidad de no anticipar el resultado final del juicio, según lo indicado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
El programa, que ha sufrido un notable deterioro en su poder adquisitivo, presenta un monto congelado de $78.000, muy por debajo de lo que debería ser si se hubiese mantenido vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esta situación ha encendido las alarmas en organizaciones sociales, que ya anticipan una escalada de protestas, incluyendo asambleas y cortes de ruta. Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, y Johana Duarte, de la UTEP, han expresado la gravedad de la crisis social que se avecina.