La reciente liberación de Federico Luna, imputado en el caso de Trini Ruarte, ha generado un clima de desconfianza hacia el sistema judicial en la provincia. La familia de la víctima y el Ministerio Público Fiscal expresaron su sorpresa e indignación tras la decisión del tribunal de revocar la prisión preventiva dictada previamente.
Este cambio de postura, que ocurrió el viernes sin que la defensa de Luna lo solicitara, ha suscitado un intenso debate sobre las inconsistencias judiciales. Según Sergio Gómez, abogado de la familia, la medida ha elevado la tensión entre los involucrados, quienes sienten que la justicia ha fallado. La única obligación que se impuso al imputado es presentarse a firmar los lunes antes de las 8:00 de la mañana.
Los argumentos relacionados con permisos laborales para justificar su libertad fueron desestimados por la querella. Gómez enfatizó que la falta de autorización de la provincia pone en tela de juicio la lógica detrás de la decisión. Este caso refleja problemas más amplios en el sistema judicial, poniendo en riesgo la confianza pública en las instituciones.