La reciente sanción de la reforma de la Ley de Glaciares por parte del Congreso redefine las zonas protegidas y las áreas periglaciares en Argentina. Esta normativa, impulsada por el Gobierno Nacional y respaldada por varios gobernadores, busca facilitar la explotación minera en el norte y la región de Cuyo.
Entre los gobernadores que apoyan esta iniciativa se encuentran Raúl Jalil de Catamarca, Marcelo Orrego de San Juan, Gustavo Sáenz de Salta y Alfredo Cornejo de Mendoza. La ley permite que las provincias decidan qué áreas conservar y cuáles pueden ser explotadas, disminuyendo así la intervención del gobierno central. Anteriormente, la Ley 26.639 establecía criterios estrictos de protección para los glaciares y el ambiente periglacial.
Este cambio legislativo elimina la prohibición de actividades extractivas en áreas periglaciales, permitiendo que se desarrollen actividades económicas tras evaluaciones de impacto ambiental. Hasta ahora, la protección de estas áreas dependía de estudios técnicos que verificaran su función hídrica, y si no se demostraba su importancia, podrían ser habilitadas para explotación.