El reciente enfoque de las autoridades sobre las amenazas a escuelas ha llevado a que los padres de los responsables enfrenten costos económicos significativos. Este lunes, en Santa Fe, se notificó a un padre que debía abonar $6.024.944 por el operativo de seguridad tras una falsa alerta en un colegio. Esta medida busca recuperar los gastos ocasionados por la intervención de fuerzas policiales y especialistas en explosivos, así como otros costos asociados.
Hasta el momento, se han identificado a los responsables de 58 amenazas, lo que implica a más de 70 personas, muchas de ellas menores de edad, lo que transfiere la carga económica a sus padres. Cada notificación establece un plazo de cinco días para el pago, y el incumplimiento puede resultar en acciones judiciales, incluyendo embargos.
Las autoridades enfatizan que estas no son sanciones penales, sino reclamos civiles por los costos de las intervenciones. El monto total que se busca recuperar por los casos identificados supera los 250 millones de pesos, cifra que podría crecer con la validación de nuevas amenazas. Este enfoque intenta disuadir futuros incidentes y concientizar a las familias sobre las repercusiones económicas de las acciones de sus hijos.