Las investigaciones sobre las amenazas en escuelas han llevado a la identificación de varios autores, incluyendo a un joven de 17 años cuyo domicilio fue allanado. El Ministro de Seguridad, Justicia y DD.HH., Miguel Ángel Zárate, confirmó que la justicia ya actúa en estos casos bajo la figura de intimidación pública, advirtiendo que los delitos previstos en el artículo 211 del Código Penal pueden acarrear penas de 2 a 6 años.
Zárate enfatizó que no es necesario que exista un peligro real o un artefacto explosivo para que la justicia intervenga. La ley sanciona la alteración del orden público, considerando que generar desorden y temor es suficiente para tipificar el delito. Actualmente, los peritajes se enfocan en los teléfonos celulares secuestrados para investigar el alcance de las comunicaciones entre los implicados.
El ministro también propuso que los padres asuman la responsabilidad económica por los incidentes provocados por sus hijos, sugiriendo que ellos respondan por los daños ocasionados. Además, instó a los tutores a involucrarse en el comportamiento digital y social de los menores, resaltando la importancia de la comunicación familiar en la prevención de estas conductas.
Las autoridades educativas están analizando los pasos a seguir con los alumnos identificados, aplicando protocolos interdisciplinarios que podrían resultar en severas sanciones disciplinarias. Las investigaciones siguen abiertas y no se descartan nuevos allanamientos.