La Justicia Federal desestimó una denuncia contra el gobernador Ricardo Quintela y la senadora Florencia López, cerrando así un expediente que había generado gran atención. La resolución, dictada el 27 de marzo de 2026, determinó que los hechos denunciados no configuraban delito según el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación.
Las imputaciones en la denuncia incluían acusaciones graves como intimidación pública y sedición, basadas en declaraciones de ambos funcionarios en debates políticos. Sin embargo, el dictamen del fiscal federal Carlos Rívolo concluyó que estas expresiones debían ser vistas en el contexto del debate político, por lo que no eran delictivas.
El gobernador comunicó su satisfacción a través de redes sociales, considerando que la denuncia era “absolutamente desproporcionada” y un intento de “tergiversar el sentido” de sus declaraciones. Reafirmó su compromiso con la democracia y el respeto a las instituciones, destacando la importancia de la discusión pública en una sociedad democrática.
Esta decisión judicial se produce en un clima político tenso, donde los discursos de los líderes son objeto de escrutinio, y plantea importantes cuestiones sobre la libertad de expresión y el rol de la Justicia en el ámbito político.