Las tensiones en torno al uso de la línea eléctrica de 500 kV en San Juan están llevando a una posible reconfiguración en la gestión de esta infraestructura. En lugar de que una empresa privada como Vicuña administre el excedente de energía, se sugiere que sea el Estado sanjuanino quien asuma esta responsabilidad. Esta propuesta es seguida con atención desde La Rioja, que ha expresado su preocupación por los posibles efectos de una asignación exclusiva de capacidad en el desarrollo productivo y minero de la región.
El planteamiento de La Rioja ha recibido apoyo de otras empresas mineras, como Los Azules, Casposo y Hualilán, así como de municipios de San Juan. Todos han advertido sobre los riesgos de concentración en el uso de esta infraestructura, que es fundamental para el progreso regional. Las negociaciones avanzan para modificar el esquema original de gestión, asegurando que la asignación de capacidad futura dependa de decisiones públicas.
Esta situación pone de manifiesto una discusión más amplia sobre el control de la infraestructura energética vinculada a la minería. Desde La Rioja, se subraya la necesidad de evitar esquemas que puedan limitar el desarrollo regional, especialmente en un momento crítico para posicionarse en el mapa minero nacional. La propuesta será discutida en una audiencia pública convocada por el ENRE, donde se analizarán diversas posturas sobre este crucial tema.