El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha puesto en marcha un operativo inédito para implementar la Ley Provincial N.º 10.901, que suspende por 180 días las medidas de embargo y ejecución. Este esfuerzo busca proteger a los deudores afectados y evitar retenciones de haberes. La iniciativa incluye recursos logísticos, humanos y económicos para asegurar la efectiva aplicación de la norma en toda la provincia.
Además, el Acuerdo N.º 343 complementa esta estrategia, enfocándose en reducir la discrepancia entre la legislación y su impacto en la vida diaria de los ciudadanos. El Juzgado de Paz Letrado N° 3, dirigido por la Dra. María Carolina Varas, está revisando minuciosamente cada caso para determinar la procedencia de los embargos, enfatizando que la protección se aplica únicamente en relaciones de consumo.
En el marco de este operativo, se han emitido 120 oficios digitales y 150 en formato papel suspendiendo embargos. La agilidad en las notificaciones es crucial; por ello, una vez que el juez confirma que un expediente se ajusta a la normativa, se movilizan oficiales de justicia y notificadores para que las órdenes lleguen rápidamente a empleadores y organismos gubernamentales, evitando así las retenciones antes de que se efectúen.